Durante la inspección además de visualizar trozos
de lápidas, urnas destrozadas y la ausencia casi total de las osamentas,
llamaron la atención tres pequeños bultos de cinco a diez centímetros envueltos
en tela negra. El 30 de diciembre se inició oficialmente la investigación
LUIS AULAR LEAL
Fotos: Raynier Díaz / Publicado en el diario El Falconiano el 04 de enero de 2016.
Tras hacerse pública la noticia de la
profanación de las tumbas de don Rafael González; su esposa Leocadia; sus hijos
Cornelio “Tom” y Eugenio, y su nieta María Auxiliadora, el 30 de diciembre en
la mañana tuvo lugar una reunión entre autoridades locales del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y un representante
de la familia González, específicamente Rafael González Navarro, nieto del
fundador de Punto Fijo.
González Navarro acudió a la reunión
en compañía de tres directivos del Centro de Historia de Paraguaná, entre ellos
el asesor jurídico, debido a la trascendencia social de este penoso caso en la
colectividad falconiana.
El objetivo del encuentro fue conocer
el avance de las investigaciones del caso. No obstante, al buscar el expediente
de la denuncia -supuestamente hecha por el coordinador de los cementerios del
municipio Carirubana- no apareció registro alguno del mismo en los archivos de
la policía científica, por lo que no habría sido hecha formalmente, según
explicaron funcionarios del Cicipc.
La investigación comenzó el 30 de
diciembre
Rafael González Navarro, nieto de don
Rafael González, explicó que a principios noviembre les informaron sobre la
profanación de las tumbas. Tras constatar el hecho en el camposanto de Santa
Elena, se dirigió a la oficina municipal que coordina los cementerios. Notificó
el caso y solicitó asesoría para presentar la denuncia ante el Cicpc.
“Ahí me atendió el señor Walter
Perpetuni, encargado de los cementerios en el municipio Carirubana. Me indicó
que él se encargaría de hacer la denuncia; y que al realizarla él, la investigación
se haría con mayor celeridad, porque se gestionaba desde una institución
municipal. Nosotros (la familia González) dimos por hecho que eso se había
realizado; incluso, se nos dijo que no podíamos arreglar las tumbas hasta que
el Cicpc terminara las experticias”, expuso González Navarro.
Pero
al parecer el encargado de los cementerios nunca presentó la denuncia o esta no se registró debidamente, por lo que González Navarro tuvo que presentarla el 30 de diciembre. Ese mismo día, una
comisión del Cicpc acudió al panteón de la familia González en el cementerio
de Santa Elena y en presencia del denunciante finalmente se realizaron las
experticias. A partir de ese momento el municipio tiene potestad de reparar los
sepulcros profanados en presencia de la familia, de acuerdo con la ley.
Rafael González Navarro (atrás) estuvo presente en el momento que los funcionarios del Cicpc efectuaron las experticias
Indicios de rituales magia negra
Durante la inspección, además de
visualizar trozos de lápidas, urnas destrozadas y la ausencia casi total de
osamentas (pues apenas se encontraron algunos pequeños restos óseos), llamaron
la atención tres pequeños bultos o “macutos” de cinco a diez centímetros
envueltos en tela negra; ubicados: Uno en la tumba de don Rafael
González; otro en la de Cornelio “Tom” González y el tercero donde reposaba
María Auxiliadora Arévalo González.
De igual forma se observaron frutas
enteras en estado de descomposición; específicamente guanábanas, naranjas y
peras. Según especialistas en folklore y cultos consultados para esta
investigación, las frutas serían una especie de ofrenda presentada al difunto
o alguna deidad en cierto tipo de ceremonias de magia negra.
Con respecto a los pequeños bultos
forrados con tela negra -explicaron los estudiosos del tema-podrían contener
monedas, tierra del sepulcro del difunto o trozos de prendas de una persona la
que quisieran causarle daño a través de estos métodos.
Ante esta evidencia cobra fuerza la
hipótesis de que la profanación pudo estar ligada a rituales de una secta
conocida como los Paleros, que utilizan osamentas humanas en sus ceremonias.
Desde el punto de vista jurídico la Constitución Nacional
garantiza la libertad de culto, pero la profanación de tumbas y hurto de restos
humanos está tipificado como delito en el Código Penal Venezolano en sus
artículos 171, 172 y 173, con pena de seis meses a tres años de cárcel para
quien incurra en ello. Se espera que continúen las averiguaciones para dar con
los restos de la familia González y castigar a los responsables del delito.
